La Biblia enseña la totalidad de la creación y pide a la humanidad que cuide el Jardín del Edén (Génesis. 2; I5). A la vez, el Dios de la Biblia es un Dios de justicia
que protege, ama y cuida de los más vulnerables
entre sus criaturas.
(Consejo Mundial de Iglesias)
Es de más conocido por todas y todos, el impacto negativo que se genera en el bienestar integral del planeta y de la humanidad por causa de los desastres naturales y los provocados por la humanidad, que indiscriminadamente han aumentado de manera insostenible en las últimas décadas, sin duda, causados por el afán de “desarrollo”, la acumulación de riquezas, el acelerado cambio climático, y la frágil capacidad de adaptación a la que es sometida actualmente la población de muchos países.
De Centro América, substancialmente El Salvador es parte de esos países sometidos y con mayores riesgos a nivel mundial de acuerdo con el informe sobre desarrollo humano, presentado en 20I0 por el PNUD, unos más que otros sobrellevan graves vulnerabilidades ocasionadas o de origen ambiental, éstos, a consecuencia de la elevada incidencia de eventos geológicos, hidro-metereológicos y de movimientos de masa, sumados a políticas públicas permisivas de tratados internacionales como los de libre comercio (TLC), industria extractiva y de dependencia financiera, que vulnerabilizan la poca capacidad estructural de país para hacer frente a estos eventos de gran impacto para la población en mayor condición de riesgo.
En 20I0 la CEPAL informó que entre I980 y 2008 en El Salvador, los desastres impactaron en más de US$I6 mil millones, correspondiendo al daño anual de US$470 millones. En el mismo período ocasionaron la muerte de aproximadamente 7,000 personas y afectaron a 2.9 millones más. El recién pasado mes de Octubre de 20II, la población salvadoreña enfrentó la Depresión Tropical 12E, cuyo costo en daños y perdidas se estima en US$840 millones, según la evaluación del gobierno con el apoyo de la CEPAL. Así mismo, se estima una población afectada de 500,000 personas que requieren alimentación, rehabilitación de sus hogares, atención psicosocial y atención en salud, entre otros aspectos de consumo básico e infraestructura vial.
“En Centro América ya estamos pagando un precio muy alto por el cambio climático que ha ocurrido y sólo somos emisores de un 0.5% del total de emisión mundial”, declaró recientemente el Ministro salvadoreño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hernán Roza Chávez en calidad de Presidente Pro Tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), Órgano Ambiental del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Para El Salvador y los demás países hermanos que conforman Centro América, que la carga de la adaptación a la crisis climática corra por cuenta de quienes la generaron y no por quienes hemos sido los menos responsables, pero sí los sometidos a laz consecuencias, debe ser razón incuestionable de aplicación de la Justicia Climática, pues no cabe duda que el presente modelo de desarrollo sobre todo de los países industrializados, está destruyendo la vida y el sustento de las futuras generaciones, especialmente de los y las más empobrecidas del mundo.
De acuerdo con el PNUD en su informe 20I0, sobre Desarrollo Humano de El Salvador, “es inmoral pretender mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes a costa de las condiciones de reproducción de las generaciones futuras”…Es un llamado a discernir sobre la obligación de los Estados a ser prudentes con la aprobación, muchas veces populistas, de deudas económicas, sociales y ambiéntales. Invertir en la gente para disminuir los problemas heredados históricamente a las juventudes y elevar así su potencial productivo es asunto imperante y de moral.
Reconociendo desde ya que la gravedad de la problemática ambiental tiene connotación con los crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, de igual manera decididos y decididas a garantizar que la justicia internacional climática sea respetada y puesta en práctica permanentemente, creemos necesario que al haber una Corte Penal Internacional instituida con personalidad Jurídica Internacional y vinculante en pleno desempeño de sus funciones, se le amplíe la competencia a la misma, integrando al Estatuto de Roma, a través del debido proceso, el Crimen contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, para que ésta juzgue y sancione a los Estados, las transnacionales, las empresas y personas que ocasionen daños, agravando el ya acelerado cambio climático y la destrucción de la biodiversidad por acción u omisión.
“Es inaceptable pretender mejorar el bienestar presente a costa de la destrucción ambiental y la apropiación desigual de los recursos naturales”. (Informe sobre desarrollo humano El Salvador 20I0, PNUD).
Nancy Arely Morán (Secretariado) y Omar García (Coordinación)
Movimiento Estudiantil Cristiano – MEC El Salvador.
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